SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha lamentado este miércoles que Andalucía vaya a recibir del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades un 33,68% menos que Cataluña para financiar las plazas de profesorado ayudante doctor en seis años «a pesar de ser el primer sistema universitario público del territorio español». «Un claro agravio más hacia» Andalucía, ha reprochado la Junta.
Así lo ha puesto de manifiesto en una nota de prensa el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, quien ha asegurado que la Junta ha aceptado este miércoles los criterios de reparto de la financiación estatal con destino a las comunidades en el marco del Programa para la Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Españolas «por responsabilidad y para evitar penalizar a las instituciones públicas andaluzas».
Herrera ha participado, junto al director general de Coordinación Universitaria, Lorenzo Salas, en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), a la que Andalucía ha sido convocada, junto al resto de representantes de las autonomías, tal como ha informado la Junta en una nota de prensa.
El secretario general de Universidades ha explicado que, en el periodo en el que durarán esos contratos, Andalucía percibirá 126 millones de euros para cubrir 468 profesores de esta categoría, mientras que el Gobierno central transferirá a Cataluña 190 millones para 705 perfiles, lo que supone 64 millones menos, pese a contar con el primer sistema universitario del territorio nacional. Herrera así lo ha puesto de manifiesto en el pleno de la CGPU, donde ha remarcado que «esa asignación supone un claro agravio más hacia nuestra región».
A pesar de «no estar de acuerdo con el procedimiento y los criterios impuestos por el Ministerio que perjudican claramente a las universidades públicas andaluzas», ha insistido en «asumir el reparto para evitar colocar al sistema universitario andaluz en una situación de desventaja con respecto al resto, ya que la alternativa ofrecida por la ministra Morant es no recibir absolutamente nada».
«Nos hubiera gustado que la mesa de trabajo que se creó con las autonomías hubiera servido para llevar a cabo un diálogo y una negociación reales y poder llegar a una posición de consenso que hubiera sido adecuada a los intereses de todos», ha expuesto Herrera.
El Ministerio de Ciencia ha establecido para las universidades públicas andaluzas una plantilla total de 774 profesores ayudantes doctores, de los que 468 serán costeados con recursos estatales durante seis años y los restantes 306 serán asumidos por el Ejecutivo autonómico.
El secretario general de Universidades ha remarcado que «ese personal no cubrirá las necesidades reales de las instituciones de educación superior de la región», que propusieron casi 900 plazas para afrontar la implantación de la LOSU en la comunidad. Precisamente, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ya remitió a finales de abril una carta a la ministra Diana Morant con esa petición.
Asimismo, ha criticado que el Gobierno central haya reducido «considerablemente» su responsabilidad financiera en este programa trasladándola al conjunto de las autonomías, que en las propuestas realizadas por el Ministerio de Ciencia ha pasado a asumir el doble de lo inicialmente planteado: del 20% al 40% de los contratos de este personal durante seis años.
«En todo este proceso, las comunidades han salido claramente perjudicadas», ha subrayado para añadir que, «además de esa imposición, las regiones tendrán que hacerse cargo con recursos propios de la estabilización de este personal a lo largo de toda la vida laboral».
Para Ramón Herrera, «esa doble carga de financiación supone un sobrecoste insostenible e inasumible» para las autonomías, sobre todo para Andalucía, que ya sufre una infrafinanciación de 1.100 millones de euros anuales y pese a lo cual continúa siendo la región que más recursos destina a educación superior en relación con su PIB, según ha señado.
En todo caso, ha insistido en «la improvisación y oportunismo del Gobierno central con esta medida, creada para subsanar un problema generado por ellos mismos con la aprobación de una Ley que en poco más de un año lleva ya dos modificaciones importantes», en alusión a la reprogramación aplicada a los criterios del Personal Docente e Investigador o los nuevos criterios para la implantación de las universidades privadas.
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