SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves de forma unánime una parte del contenido de una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Por Andalucía sobre vivienda.
Ha sido el apartado relativo al «abono urgente» de todas las solicitudes del Bono Alquiler Joven pendientes, «así como una compensación por demora por los perjuicios causados» a los solicitantes. Los cinco grupos de la Cámara autonómica, Popular, Socialista, Vox en Andalucía, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, han apoyado esta demanda.
Se reclama que se publique un calendario en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda «con todos los plazos por cumplir hasta conseguir el abono integro de todas las solicitudes a sus solicitantes».
Esa unanimidad parlamentaria se ha extendido al punto sobre reclamar que los planes de inspección garanticen cumplir la previsión de la Ley de Arrendamientos Urbanos acerca de que «prohíbe a las inmobiliarias cobrar honorarios a los arrendatarios y arrendatarias».
La última petición de la PNL de Por Andalucía con apoyo unánime ha sido pedir un plan de inspección sobre pisos turísticos existentes y su publicación en plataformas digitales para «verificar que cumplen con la legislación vigente».
El consenso se ha quebrado con el voto contrario de Vox en Andalucía, frente al beneplácito de los otro cuatro grupos, a la apuesta por medidas que «eviten un esfuerzo financiero excesivo de los hogares teniendo en cuenta sus ingresos netos y sus características particulares», con la pretensión de «no debiendo superar con carácter general el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia».
Los grupos han apoyado, con la abstención de Vox, establecer una definición de vivienda social como «la de titularidad pública destinada al alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal sujeta a limitaciones de renta o de venta y destinada a personas u hogares con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado», a la que suma «aquella cuyo suelo sea de titularidad pública».
El Pleno del Parlamento ha avalado con la abstención de Vox «con la finalidad de ampliar la oferta de vivienda social o dotacional» establecer «el uso compatible de los suelos dotacionales el destinado a la construcción de viviendas dotacionales públicas» y promover «la aplicación de tipologías edificatorias y de modalidades de viviendas y alojamientos que se adapten a las diferentes formas de convivencia, habitación y a las exigencias del ciclo de vida de los hogares, atendiendo, en su caso, a la casuística del medio rural», con la idea de que estas actuaciones «podrán ser tanto de transformación urbanística como edificatorias».
Con esta iniciativa la confluencia de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Más País Andalucía reclamaba que las viviendas protegidas sobre suelos destinados a viviendas con algún régimen de protección pública estuvieran «sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo, al igual que las actuales viviendas protegidas de alquiler que forman el parque público andaluz».
Planteaba también «prohibir a las entidades jurídicas que compren vivienda y vendan más caro o alquilen por un precio mayor al marcado en el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional dé Estadística (INE) durante los primeros cuatro años», petición a la que añadía crear un recargo en el IRPF para «las personas fisicas que compren vivienda y vendan más caro o alquilen por un precio más alto que el índice de referencia de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE)».
Estas demandas formaban parte de las 23 peticiones que planteaba Por Andalucía en su iniciativa.
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