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La Junta capacita a más personal para poder manejar la situación en el registro de las últimas voluntades

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SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha confirmado este miércoles en comisión parlamentaria que su departamento está formando a más personal para poder abordar el «problema» en el registro de las últimas voluntades en los 55 puntos que hay que la comunidad. En 2023, han sido cerca de 5.000 andaluces (4.931 concretamente) los inscritos en el el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía (RVVA).

En su intervención en respuesta a Por Andalucía y PSOE, la consejera Catalina García ha reconocido el «problema», detectado en 2023 en un sistema informático «obsoleto», y ha anunciado que se está formando a más profesionales para que puedan atender la demanda. La plantilla actual –142 profesionales– es «insuficiente para dar respuesta» a los ciudadanos que quieren dejar por escrito cómo quieren que sean sus últimos días en caso de que para ese momento no tengan capacidad para tomar decisiones sobre su tratamiento médico.

Las formaciones de izquierda de la Cámara han señalado que «no quisiéramos pensar» que detrás de los problemas para hacer ahora mismo un testamento vital hay «un reparo moral», en palabras de Inmaculada Nieto, de Por Andalucía. «¿Es una cuestión ideológica, de recursos, de gestión», se ha preguntado la diputada socialista Isabel Aguilera. «Por supuesto que no es un problema ideológico. Estamos de acuerdo en que un andaluz pueda decidir cómo quiere que sean sus últimos días», ha despejado Catalina García.

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«No podemos dar respuesta a toda la demanda con los profesionales que tenemos actualmente», ha insistido la consejera de Salud y Consumo, que ha aclarado que la nueva versión informática que se ha desarrollado ya está implementada en sus dos primeras fases. En cuanto a las otras dos que faltan, Catalina García ha confiado en que estén en funcionamiento cuanto antes para «poder avanzar».

Tras el descenso de casi un 50% en 2020 debido a la pandemia, a partir de 2021 «se ha producido un incremento progresivo de la demanda» que se tradujo el año pasado en 4.931 personas inscritas en el registro de últimas voluntades. Por provincias, Málaga se sitúa a la cabeza, con 1.319, seguida de Sevilla, con 833, y Cádiz, con 681. Completan el listado Granada (563), Córdoba (490), Almería (451), Jaén (347) y Huelva (247).

«La alta demanda experimentada en los últimos años de solicitudes de inscripción ha provocado demoras en la asignación de las citas especialmente en algunas provincias, por lo que se están acometiendo una serie de medidas a nivel estructural, organizativo y de dotación de recursos que garanticen una respuesta ágil, eficaz y adaptada a las necesidades de la ciudadanía», argumentan desde la Junta.

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Entre esas mejoras, la Junta ha destacado una actualización del sistema informático que «contribuirá a resolver los problemas detectados en los últimos meses en condiciones de seguridad y protección de datos, así como para garantizar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a expresar sus condiciones sobre la atención sanitaria que desee recibir cuando no pueda expresar dicha voluntad».

La Asociación Derecho a Morir Dignamente en Sevilla ha alertado de que en Sevilla sólo hay seis puntos –de los diez posibles– habilitados en la provincia para poder registrar el Documento de Voluntades Anticipadas. En este punto, la Consejería de Salud explica que la aplicación informática que usa toda la red autonómica «comenzó a presentar graves problemas técnicos» en diciembre de 2023, lo que ocasionó «un fallo generalizado en la tramitación de la inscripción en los puntos de registro».

Ante la situación generada, el SAS, con la Agencia Digital de Andalucía, puso en marcha un actuación de «carácter urgente» para «solventar la situación». Dicha intervención «permitió desbloquear el registro» aunque «han persistido algunos fallos en algunas sedes». A fecha de 11 de marzo, funcionaban 40 de las 55 sedes. En Almería, Cádiz y Málagan están al 100%. En el resto de las provincias, en Córdoba hay una en funcionamiento de las cuatro que hay; en Granada, cinco de las siete; en Huelva, cinco de seis; y en Sevilla, seis de diez.

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