MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)
La defensa del exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos ha asegurado que la investigación policial del caso ‘Astapa’, contra la presunta corrupción política y urbanística en dicha localidad, se inició «sin control» judicial y con «continuos» contactos antes de la denuncia entre los denunciantes y agentes, como el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo.
La letrada María Gutiérrez ha comenzado este martes su informe final en el juicio por este caso, en el que el fiscal ha mantenido la acusación para 37 personas, entre ellas Barrientos, así como exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES); empresarios y funcionarios, por delitos de cohecho, malversación, fraude, prevaricación, falsedad y blanqueo de capitales.
La abogada ha incidido en las importantes «irregularidades» en la investigación policial, que llevan, a su entender, a la vulneración de derechos fundamentales, con contactos e intercambios de información entre los denunciantes, sobre todo el socialista David Valadez –que luego fue alcalde– con Villarejo antes de que se presentara la denuncia y existiera un control judicial y también en el tiempo que estuvo secreta la causa.
Ha señalado que en el juicio ha quedado acreditado que los denunciantes estuvieron en contacto con los agentes en 2006, con la causa judicial sin incoar y cuando ni siquiera estaba presentada la denuncia. Tuvieron, ha dicho, «una relación epistolar» en la que se fue entregando información y documentación de la que no quedó constancia en las actuaciones.
Para la letrada, «se han eludido los controles esenciales, utilizado a personas para obtener documentación e información» y se ha referido a una «relación secreta» de Valadez con la Policía para ese intercambio de información antes de que se iniciara la causa y a la figura de ‘agentes encubiertos’; incidiendo en que «no hay constancia de esas reuniones o confidencias» por parte de los denunciantes.
La defensa ha señalado que la prueba desarrollada ha corroborado la importancia que tuvo Villarejo en el inicio de esta causa y ha incidido en que las agendas y las conversaciones de este, validadas en otra causa y que fueron reproducidas en el juicio, dejan claro los contactos con los denunciantes, remitiéndose a esas escuchas en las que él decía que controlaba el ámbito político y el policial.
Villarejo compareció en el juicio como testigo a instancia de las defensas, quienes han insistido en todo el procedimiento en el papel, en su opinión, protagonista en el origen de esta operación y en la «manipulación» en la causa por parte del excomisario, quien en su declaración negó su participación y consideró que había «base policial y jurídica» para llevar a cabo la investigación.
La letrada también ha indicado que en los informes se hacen «meras conjeturas que vienen de comentarios de terceras personas sin corroborar» y ha incidido en que el origen de las investigaciones fueron las escuchas telefónicas que al inicio del juicio fueron anuladas por la Sala al estimar cuestiones previas de las defensas. «La documentación se analizó a la luz de las conversaciones que sirvieron para ver qué documentación requerir», ha dicho.
En este punto, ha incidido en una «conexión causal y jurídica» entre las intervenciones y la obtención de pruebas y ha asegurado que las entradas y registros se basaron en las escuchas telefónicas: «Esa era la única fuente de información; ni las conjeturas de los denunciantes ni los documentos de pantallazos de la Agencia Tributaria tenían la fuerza para esa actuación».
Por eso, ha pedido que la nulidad ya acordada de las intervenciones telefónicas se extienda también a los registros domiciliarios y por tanto se declare la invalidez de los documentos, al considerar que ha quedado acreditado en el juicio que «no existían indicios suficientes» para llevar a cabo estas actuaciones sino es por las escuchas, que son nulas.
Asimismo, ha hecho referencia a la información sobre el patrimonio de Barrientos y de sus familiares, que «era falsa», achacándole «operaciones financieras en las que jamás ha intervenido». Unas investigaciones que se deciden «también por las intervenciones telefónicas» y que dieron lugar a la detención y a los registros de sus propiedades, ha precisado.
La otra letrada de Barrientos continuará este miércoles con el informe final en cuanto al fondo de la causa, es decir, sobre las operaciones urbanísticas supuestamente irregulares de las que se le acusa, para defender la total legalidad de los convenios de aprovechamiento y de monetarización de los mismos.
- Te recomendamos -
