ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)
El diputado socialista Carlos Pérez Anadón, ha defendido que los trabajos en la comisión de investigación sobre la implantación de las renovables en Aragón han dejado patente que «no hubo ni agujero negro ni ilícito penal» en la gestión del anterior Ejecutivo autonómico. El portavoz en la comisión ha echado mano del refrán de Horacio para asegurar que la comisión de investigación que nació «al calor y al ardor guerrero propios de una campaña electoral», mudó a «comisión de estudio de un sector tan complejo y productivo en materia normativa».
Pérez Anadón ha recordado las numerosas horas empleadas desde hace seis meses para «satisfacer» tanto las promesas del presidente Azcón en campaña electoral como el «empeño» de algunos de sus socios parlamentarios, «obsesionados por encontrar responsabilidades penales atribuibles al anterior Gobierno y que hoy solo quedan en reproches de carácter ideológico que no han variado desde antes del inicio de la comisión, pese a los testimonios escuchados que desmontan tales sospechas», ha valorado.
De hecho, ha asegurado que no desprecia en absoluto los trabajos de la comisión, porque eso supondría estar poseído por «el orgullo, la ceguera y el sectarismo».
«Nosotros cerramos esta comisión con la tranquilidad de lo que fue nuestra gestión anterior, pero con un juicio más preciso y en línea con la Unión Europea y el Gobierno de España en la apuesta de las renovables y la implantación de la Agenda 2030», ha asegurado.
Pérez Anadón ha resaltado que el 35% de peticiones a Red Eléctrica de España es de empresas en Aragón con un importante componente electrointensivo, por lo que se ha preguntado qué hubiera sido de estas empresas sin las renovables, «alguna de las cuales visita luego el presidente aragonés o sobre las que el PP se refiere como a un importante hub tecnológico», ha reprochado.
Los socialistas han sacado adelante 22 de las 26 conclusiones presentadas tras la finalización de las sesiones y 36 comparecencias de expertos, funcionarios y alcaldes. En total se han registrado 166 conclusiones, 19 por unanimidad de las que tres son del PSOE, y el resto por mayoría. El PSOE solo ha visto rechazadas cuatro de sus conclusiones.
Carlos Pérez ha dado cuenta del principal contenido de las conclusiones aprobadas de su grupo y resaltado que «se han desmontado sombras y posiciones inmovilistas de algunos grupos parlamentarios, que se han aliado incluso para intercambiarse ponentes y que han pretendido demostrar falta de transparencia, de controles ambientales, de fraccionamiento ilegal de proyectos en beneficio de empresas, de falta de escucha al territorio donde se instalan los parques y una de las peores sospechas, la connivencia de trabajadores del Inaga con empresas promotoras».
Ello ha considerado que ha «empañado» la integridad de los funcionarios «y ha provocado que muchos se hayan marchado del organismo, máxime ante la gran cantidad de expedientes que siguen llegando para su tramitación», ha reparado el diputado socialista.
Pérez Anadón ha subrayado la evidencia del cambio de paradigma en el sector industrial aragonés y el desarrollo puntero de la comunidad autónoma de Aragón en su apuesta por las energías renovables, capaz de atraer importantes inversiones, entre ellas las empresas tecnológicas, y la comisión ha concluido que «el sector de las renovables se desarrolla sujeto a un modelo regulatorio objetivo, basado en prioridad temporal y sujeto, con carácter generalizado, a control ambiental».
PARA EL PSOE QUEDAN «DESMONTADAS» LAS ACUSACIONES
A partir de ahí, ha sostenido, «el PSOE ha tratado en sus conclusiones de describir el procedimiento y desmontar graves afirmaciones que iban más allá de poner en tela de juicio el procedimiento administrativo, llegando a insinuar supuestos tratos de favor, prácticas reprobables y falta de controles ambientales». Así por ejemplo, sobre las críticas al fraccionamiento de proyectos, el PSOE ha visto aprobada por mayoría la conclusión que determina que «no se han detectado diseños de parques que hayan eludido el sometimiento a la evaluación ambiental ordinaria y quedar en el ámbito de evaluaciones más benévolas como es el caso de las simplificadas.
Además, las prescripciones impuestas a los promotores para que presenten estudios de los efectos acumulativos y sinérgicos han permitido que el impacto de los proyectos sobre un mismo territorio o hábitat hayan sido evaluados en su globalidad.
Por otro lado, para el PSOE, ha proseguido «era importante dejar de desacreditar a la Administración por la supuesta falta de transparencia, información y participación y así ha quedado constatado en otra conclusión socialista que la tramitación de los expedientes de energías renovables se realizó al amparo de la ley, ajustándose en todo momento a los procedimientos establecidos», ha ampliado.
En el curso de los trabajos de la Comisión y según las declaraciones de todos los comparecientes de la Administración, ha subrayado Pérez Anadón, «no existe evidencia alguna de presiones a funcionarios de ningún tipo, ni para el cambio de criterios, ni para la aceleración de expedientes, cuyo tratamiento sigue el riguroso orden temporal de entrada».
Y ha añadido que, además, las dos configuraciones administrativas en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) no repercutieron en un mayor porcentaje de declaraciones de impacto ambiental favorables, como algunos grupos han afirmado que era la finalidad».
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