En el primer semestre de 2024 se realizaron 130 inspecciones en VUT y se emitieron 53 propuestas de sanción
OVIEDO, 21 (EUROPA PRESS)
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha asegurado este viernes que el Principado aspira a «anticiparse» a los problemas con las viviendas de uso turístico mediante la modificación de la ley de Turismo.
Llamedo ha cerrado las comparecencias relativas al Proyecto de ley del Principado de Asturias de cuarta modificación de la Ley del Principado de Asturias de Turismo. Durante su intervención, la vicepresidenta ha señalado que esta reforma busca mejorar el control de las viviendas de uso turístico y garantizar el desarrollo «sostenible y ordenado» del sector, para evitar la «masificación».
La reforma tiene tres objetivos que pasan en primer lugar por establecer como principios de la acción turística la sostenibilidad, la autenticidad, la identidad regional y la calidad de los recursos y servicios. El segundo objetivo es incorporar con rango de ley las viviendas de uso turístico como una modalidad de alojamiento reconocida y regulada. En tercer lugar, regular la inspección y el régimen sancionador, poniendo el foco en la lucha contra la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional.
Una de las novedades de la normativa es la obligación de alquilar las viviendas turisticas en su totalidad, no por habitaciones. También incluye la obligación de que las comunidades de vecinos den su aceptación expresa a estos negocios, así como la prohibición a las viviendas de protección oficial de albergar estos negocios.
53 PROPUESTAS DE SANCIÓN EN SEIS MESES
Llamedo ha constatado un aumento de las viviendas de uso turístico, que han pasado de 250 entre 2010 y 2019 a más de 600 entre 2020 y 2024. Este incremento, ha dicho, ha propiciado la proliferación de negocios ilegales y ha hecho que el Principado haya intensificado los esfuerzos de inspección.
Así, ha indicado que en estos seis meses se han llevado a cabo 130 inspecciones de viviendas de uso turístico y se han emitido 53 propuestas de sanción. Se trata de una cifra «notable» teniendo en cuenta que en todo 2023 se tramitaron 62.
Esta reforma mantiene el mero apercibimiento en el caso de las infracciones leves y conlleva también una actualización de las sanciones económicas por incumplimiento de la normativa, que aumentan más del doble en todos los tramos, con multas desde 150 hasta los 100.000 euros. Las sanciones más severas, ha agregado Llamedo, pueden conllevar la clausura de establecimientos, «enviando un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento de la ley».
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