OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)
La diputada del Grupo Mixto de la Junta General, Covadonga Tomé, ha instado este martes al Gobierno del Principado a llegar a un acuerdo con la plantilla de la Guardería del Medio Rural «antes de que haya consecuencias fatales» para la riqueza ambiental de la comunidad.
Así, Tomé exige al Principado que alcance un acuerdo con el cuerpo de Guardas del Medio Rural tras mantener un encuentro con los representantes sindicales Miguel Garrido y Silvia Vega.
Afirma que desde hace una semana, los trabajadores y trabajadoras de la guardería del Medio Rural se están ciñendo a su horario y turno de trabajo, añadiendo que es una medida «que sigue el 90% de la plantilla». «No se trata de una huelga, sino que los y las guardas se han plantado, ante la falta de atención del Gobierno autonómico a su importante labor, y están haciendo lo que les corresponde y prescindiendo de todas aquellas tareas que hacían voluntariamente», sostiene Tomé.
Incide en que «esta estricta regulación horaria supone que no haya vigilancia en las noches ni durante los fines de semana». «Y es el horario que propone el Gobierno para este cuerpo, con un grave perjuicio en sus condiciones laborales y a pesar del riesgo que supone para el medio natural», añade, remarcando que la plantilla pide que se incrementen las horas de servicio «para no desproteger los recursos naturales, con una retribución y unas condiciones justas».
«Si los trabajadores y las trabajadoras han decidido llegar hasta aquí, hasta plantarse y dejar de hacer todas las labores voluntarias, es porque la Administración no les está retribuyendo su trabajo de forma justa», dice la diputada.
Tomé afirma que esta situación puede acarrear «consecuencias muy graves». «Especialmente, porque el próximo 15 de julio entra en vigor el período de mayor alerta por peligro de incendios», remarca, apuntando que «los bosques, los montes, la naturaleza no se para porque no haya nadie vigilando».
Por ello, exige «retribuciones y condiciones justas» para los guardas del medio natural y estima que atender a las reclamaciones de la plantilla «solo supone 220.000 euros al año».
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