SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)
La Mesa del Parlamento ha admitido a trámite las 120 propuestas de resolución presentadas por los grupos tras la primera sesión del Debate anual sobre la orientación política del Gobierno, que continuará este jueves con la votación de las iniciativas.
Cada uno de los cuatro grupos de la Cámara, PP, PRC, PSOE y Vox, han presentado 30 propuestas, el máximo que se había acordado por grupo como novedad este año, ya que hasta ahora no había límite.
Las iniciativas se han registrado tras el debate celebrado durante toda la jornada de este miércoles y la Mesa se ha reunido sobre las 22.30 horas para decidir su admisión. Estas propuestas se debatirán mañana, jueves, en una segunda sesión que comenzará a las 12.00 horas.
Entre ellas, hay varias en defensa del sector primario, de la financiación autonómica basada en el coste efectivo de los servicios y de la sanidad rural, así como la reivindicación de que se cumpla el plazo en la concesión del grado de dependencia.
El Debate del Estado de la Región de este miércoles y jueves es el primero de la legislatura y el primero al que se enfrenta el Gobierno del PP. El anterior se celebró en 2022, pues el año pasado no hubo al ser electoral.
Entonces, el bipartito PRC-PSOE sumaba mayoría absoluta y aprobó únicamente 22 propuestas de la oposición –que conformaban PP, Ciudadanos y Vox–, tan solo el 7% de las presentadas, que fueron 308 ya que no había limitación como esta vez. Junto a ellas aprobaron otras 100 presentadas conjuntamente por el equipo PRC-PSOE.
En esta ocasión, el PP gobierna en minoría y necesitará el apoyo de algún otro grupo para sacar adelante sus iniciativas. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ya ha avanzado en su última intervención de este miércoles que se verá «algo distinto al rodillo sin piedad de la última legislatura».
PROPUESTAS La treintena de propuestas del Grupo Regionalista tienen como fin paliar los compromisos «incumplidos» por Buruaga, contribuir al fortalecimiento de la economía, «corregir» el rumbo y «sacar de la inacción en la que lleva instalado un año» el Ejecutivo.
Así, los regionalistas plantean medidas presentar en el próximo periodo de sesiones las leyes de Participación Ciudadana, Simplificación Administrativa, Reto Demográfico y Lucha contra la Despoblación, Voluntariado y Prevención y Control Ambiental Integrado.
También reivindican la puesta en marcha de la Oficina Fiscal antes de que concluya este año y la Judicial en el primer semestre de 2025 y la constitución en un mes del grupo de trabajo para firmar en seis meses un Pacto por la Administración de Justicia, que incluya como actuaciones prioritarias la ampliación de las sedes judiciales.
En materia económica, reclaman la puesta en marcha inmediata del Plan de Obras e Inversiones Municipales y el cumplimiento de la resolución plenaria aprobada que supone el control de la población de lobos, la elaboración de un plan de choque dotado con ayudas para paliar los daños de esta especie, el impacto de las enfermedades ganaderas y la disminución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), así como la presentación de los planes para la reactivación industrial de las comarcas del Besaya y Campoo.
Por otro lado, instan al Gobierno a presentar un estudio sobre el impacto que puede suponer para Cantabria la implantación del fondo de nivelación que exigen autonomías como Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha y Valencia.
Junto al impulso de las estrategias y planes medioambientales y el fomento de las energías renovables en la Administración, el PRC plantea también un plan para, y en materia sanitaria pide el mantenimiento de la red de consultorios rurales existente o mejoras en las infraestructuras de salud.
Por su parte, las propuestas del Grupo Socialista están destinadas a llegar donde creen que el Gobierno no va a llegar «por no considerarlo o por desinterés». Así, se centran en temas como vivienda, donde piden la regulación de los pisos turísticos, ayudas a la emancipación de los jóvenes y la declaración de zonas tensionadas de alquiler.
También aluden a la problemática de los derribos pidiendo crear una comisión de seguimiento con carácter trimestral del propio Gobierno con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA).
Para solventar problemas en el sector primario, solicitan el avance en la modernización y simplificación de la PAC. Inciden también en la promoción de la transparencia en el Gobierno y piden la agilización de los trámites de acceso a la dependencia.
En el ámbito sanitario, reclaman internalizar el servicio de ambulancias. Además, instan al Ejecutivo a elaborar planes estratégicos en materias como cultura y juventud y a cumplir leyes como la de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.
PP, PRC y PSOE coinciden en propuestas en defensa de un sistema de financiación autonómica basada en el coste efectivo de servicios. Otras en comun, en el caso de regionalistas y socialistas, son las que piden impulsar el aeropuerto Seve Ballesteros.
Desde Vox, introducen otras propuestas como la que pide presentar las auditorías llevadas a cabo en relación a la trama de Carreteras asociada a la anterior Consejería de Obras Públicas; o una que insta a investigar «la posible corrupción asociada al polígono de La Pasiega» y garantizar que «no va a ser un mero polígono de alto coste para liberar el espacio que hoy ocupa el polígono de Raos».
Asimismo, quiere alternativas para evitar que Santander y Torrelavega tengan que implantar Zonas de Bajas Emisiones y medidas para proeger a las víctimas de la ‘okupación’, un plan para combatir el absentismo laboral o un proyecto de desarrollo de polígonos industriales en la región.
También vuelve a pedir la puesta en marcha de un servicio de helicóptero medicalizado que permita la rápida intervención para pacientes que residen en zonas de difícil acceso.
Finalmente, entre las propuestas del PP hay algunas reivindicaciones al Gobierno nacional, como la que insta al Gobierno de Cantabria a mostrar su rechazo a cualquier iniciativa que conduzca a la asunción de la deuda de Cataluña por parte del conjunto de la sociedad española o la que pide sacar al lobo del Listado de Especies Silvestre en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (LESPRE).
Otras reclaman al Ejecutivo central que cumpla compromisos como la ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo o escuchar las reivindicaciones de la industria electrointensiva cántabra.
Por otra parte, apuestan por impulsar el Plan Regional de Ordenación del Territorio en la presente legislatura, reclaman que el Gobierno cántabro presente una Ley de Vivienda en 2025 y piden seguir aumentado la aportación a la I+D+i con el fin de cumplir los objetivos de la Ley de Ciencia.
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