VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo Económico y Social ha mostrado su voluntad de participar con la Junta y las Cortes de Castilla y León en la definición, el avance y la evaluación del desarrollo autonómico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia (PRTR).
Así queda plasmado en el Informe anual sobre el año 2023 que ha aprobado este viernes el Pleno del Consejo, en cumplimiento de la Ley 13/1990 de creación del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que establece como una de sus funciones específicas, la elaboración de un informe y su aprobación en la finalización del primer semestre del año.
El Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2023, han destacado fuentes del consejo en un comunicado recogido por Europa Press «es fruto del trabajo y el consenso de los consejeros y consejeras del CES, que representan a las organizaciones empresariales y sindicales y de otras índoles económicas y educativas.
El documento, que ha conllevado seis meses de trabajo y consta de un primer Tomo de 1.451 páginas, un Anexo de Demografía de 53 páginas y un segundo Tomo de 89 páginas; recoge 444 recomendaciones y conclusiones consensuadas sobre los aspectos estudiados.
Ambos Tomos están organizados por las tres materias que se corresponden con las Comisiones de Trabajo de Economía, de Mercado Laboral y de Calidad de Vida y Protección Social. Estos son los tres grandes capítulos del Informe, aunque, evidentemente hay interrelación entre los tres ámbitos y por tanto entre sus diagnósticos y las recomendaciones.
El documento se detiene en uno de sus apartados en la gestión de los fondos europeos de Recuperación, Transformación y Resiliciencia en el periodo 2021-2026, sobre los cuales se ha ofrecido a participar con la Junta de Castilla y León y las Cortes autonómicas en la definición, el avance y la evaluación del desarrollo de los mismos «en el ejercicio de sus funciones estatutarias como institución propia».
También ha propuesto iniciar «un informe a iniciativa propia sobre el PRTR en la Comunidad».
En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos Next Generation EU, contempla 140.000 millones de euros de inversión pública, a los que se suma una adenda que eleva los fondos a 163.000 millones de euros para el período 2021-2026, de los que Castilla y León no debería recibir menos de 8.000 millones de euros, en consonancia con su participación en el PIB total español.
Dada la estructura productiva de Castilla y León consideran que estos recursos supondrían «una oportunidad única que no se debe desaprovechar, puesto que esta cantidad supera el montante total de fondos estructurales recibidos por la comunidad a en lo que va de siglo».
En este sentido, el Consejo insiste en la coordinación público- privada para lograr una «canalización y capilaridad» de los préstamos en tiempo y forma, reconoce el trabajo realizado por las diferentes administraciones públicas en la gestión de estos fondos y considera que se debe mejorar la transparencia y agilización de los procedimientos.
En el capítulo I, dedicado a la economía, lo primero que destaca es la cifra de crecimiento del PIB del 2,7 por 100 en Castilla y León en 2023, por encima de 2,5 de la economía española, y ambas por encima de la media del área euro y de las previsiones iniciales de crecimiento, y como consecuencia, a finales de ese año los niveles del PIB superaron el nivel prepandemia, con un crecimiento económico en 2023 que «se inició en 2021, a pesar de los pronósticos que anunciaban una inmediata recesión».
El crecimiento en 2023 del PIB «se acompañó con un fuerte crecimiento de la actividad y del empleo», lo que considera «buenas noticias, pues tanto la inercia de la propia economía y del mercado de trabajo como algunas señales de cambio en la política monetaria del BCE apuntan a la continuidad del crecimiento».
Los impulsores del crecimiento señala que fueron el «elevado dinamismo del consumo de los hogares, del consumo público y de la demanda externa, mientras la debilidad marcó la inversión empresarial».
Más del 50% del crecimiento del PIB se debió a los elevados ritmos de crecimiento que registraron los servicios vinculados con el turismo.
En general, el CES considera esencial incrementar la producción en todos los sectores, algo que se demostró durante la pandemia del COVID, cuando se vieron «las servidumbres de la producción exterior».
Así, ha apostado por cinco fatores para impulsar la productividad como la inversión productiva; el capital humano; la innovación y otros activos intangibles; la digitalización y la dinámica productiva de las empresas.
El Consejo considera que el nivel y la calidad del factor humano resultan determinantes en el crecimiento económico. Para mejorar en este campo, resulta necesario trabajar para alcanzar la permanencia y el éxito de los estudiantes en los niveles educativos inferiores, al tiempo que se mejora y agiliza la capacidad de adaptación de la oferta educativa a los cambios estructurales en el mercado.
También apuesta por el fomento del talento, como medida de capacitación al alcance de todas las personas, adaptados a las «nuevas demandas sociales, tales como la sostenibilidad, la cercanía, la huella de carbono, la digitalización, etcétera».
El Capítulo III hace un análisis del estado del bienestar en Castilla y León a través de indicadores relacionados con la educación, la sanidad, los servicios sociales y, en general, las condiciones de vida de nuestra ciudadanía; y aunque son muy diversos los aspectos estudiados, podemos destacar las siguientes líneas estratégicas, por lo que consideran al medio rural como «lugar de oportunidades».
Para el Consejo, «se deben tener muy en cuenta las capacidades y oportunidades de la estructura económica en las zonas rurales, apuntando actividades con fuerte arraigo como son los sectores agrícola, ganadero y forestal, la industria agroalimentaria, el comercio local y otros servicios básicos, así como el turismo rural sostenible, la economía digital y el teletrabajo, o la economía verde».
Además, también creen necesario «tomar en consideración actividades relacionadas con sectores económicos emergentes. Interconexión entre los niveles asistenciales sanitarios».
El Consejo considera que la interconexión entre atención primaria y atención hospitalaria «se debe establecer como uno de los objetivos principales para alcanzar una coordinación adecuada entre los niveles asistenciales, para lograr mejoras en la derivación entre niveles y mayor fluidez interconsultas, aprovechando para ello la oportunidad que brindan las tecnologías de la información y la comunicación».
Apuesta, por otro lado por «modelos habitacionales más dinámicos, versátiles y acordes con los cambios sociales».
El CES considera que las políticas públicas deberían desarrollar, potenciar y apoyar aquellas iniciativas que apuesten por proyectos diseñados con un enfoque integral, inclusivo, intergeneracional y comunitario, que den respuestas habitacionales alternativas, acordes con las preferencias actuales de las personas, cuyos perfiles son diferentes a los de generaciones anteriores.
El Consejo recomienda aprovechar la modernización y las nuevas tecnologías en el ámbito de los servicios sociales para lograr que los procesos sean más eficaces, ágiles y accesibles para toda la población.
El uso de nuevos desarrollos tecnológicos en materias como la robótica social, inteligencia artificial y ayudas técnicas para las personas, podrían dar lugar a complementar la atención que se viene prestando hasta ahora y podrían, además ser generadores de empleo ligado al territorio.
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