VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)
El procurador Francisco Igea ha presentado una resolución al Debate de Política General, que se celebra desde ayer en las Cortes de Castilla y León, en la que reclama establecer un programa especial de «acogida, formación e inserción laboral» de «aquellos migrantes que quieran acogerse a las posibilidades del nuevo reglamento de extranjería», todo ello con el objetivo de «contribuir a fijar población y luchar contra el reto demográfico».
El texto registrado por Igea, que forma parte del Grupo Parlamentario Mixto pide, asimismo, diseñar una estrategia autonómica «de integración de la población migrante» que incluya «indicadores educativos, laborales y sociales».
El procurador también ha presentado una resolución en la que aboga por instar a la Junta a establecer una nueva estrategia de incentivos a la natalidad que incluya «tanto un incremento sustancial de las ayudas directas como un programa dirigido a las empresas para facilitar la creación de guarderías en aquellas empresas que cuenten con un número mínimo de trabajadoras».
El texto demanda, igualmente, que se incentive «mediante subvenciones» a las empresas que faciliten el reparto igualitario de las tareas de cuidados, con lo que se incentivará también «económicamente y profesionalmente a aquellas familias en las que sean los padres quienes asuman las mismas en lugar de las madres».
En materia medioambiental, otra propuesta de resolución firmada por Igea aboga por «reorientar» la estrategia de la Junta mediante la «disminución del consumo energético en, al menos, un tres por ciento anual en los edificios de la Administración autonómica con el fin de alcanzar los objetivos previstos en la ley de cambio climático».
En este sentido, ha reclamado también que se «incentive fiscalmente la compra de vehículos electrificados y la instalación de puntos de recarga para mejorar la penetración del vehículo electrificado en la Comunidad».
El procurador también ha registrado una propuesta de resolución en la que pide que las Cortes insten al Ejecutivo autonómico a establecer un plan estratégico de retención del talento que «permita revertir la fuga constante de egresados de las universidades hacia otras comunidades».
Dicha estrategia se elaborará de acuerdo con las universidades y se planteará el objetivo de alcanzar «un 50 por ciento de permanencia en el plazo de seis años», tal y como ha detallado Igea en el texto, en el que reclama también «un incremento del 25 por ciento lo destinado a investigación, vinculando esta a la consecución de objetivos concretos en cuanto publicaciones científicas y transferencias de conocimiento a la sociedad».
PROPUESTAS PARA SANIDAD
En materia de sanidad, ha presentado una propuesta en la que demanda a la Junta «plantear todas las medidas necesarias para conseguir que todos los ciudadanos de la Comunidad tengan asignado médico y enfermera de familia».
Igualmente, solicita «medidas reorganizativas necesarias para reducir el número de consultas por facultativo, a fin de cumplir con el máximo pactado con la Confederación Estatal de Sindicato Médicos (CESM) y dotar a todos nuestros centros de Salud de Ecógrafos y personal facultativo formado para su uso».
Por otra parte, ha propuesto regular «con urgencia por vía decreto» los controles de calidad de las residencias de personas mayores. En este sentido, ha precisado que deberían figurar entre los indicadores de calidad, «al menos el número de fracturas, la necesidad neurolépticos, los índices de desnutrición y una encuesta anónima de calidad percibida entre residentes y familiares».
Asimismo, en esta propuesta aboga por asignar a todos los residentes a centro de salud, médico y enfermera, y proceder a «determinar las ratios de personal necesarias para la correcta atención de la población residente».
En este ámbito, también ha dedica una propuesta de resolución a solicitar que no se limite a un único pago las ayudas a la compra de material o reformas en la vivienda, y permitir las destinadas a ayudar a los pacientes con ELA. Asimismo, pide disminuir el copago que realizan las familias para financiar a los cuidadores de estos pacientes.
Igea ha registrado, además, una propuesta de resolución en la que reclama un programa específico de mejora de la lucha contra las zoonosis y de mejora de la sanidad veterinaria mediante el establecimiento un «estricto control de calidad» de las tareas de saneamiento ganadero realizada por los servicios veterinarios públicos y los veterinarios habilitados a raíz de la reciente reforma de la ley de sanidad animal.
Dichos controles serán «aleatorios, frecuentes y sus resultados transparentes», recoge el texto firmado por el procurador, que insta, asimismo, a promover el incremento presupuestario «preciso» para proyectar la imagen de «seguridad, calidad y excelencia» que los ganaderos y la industria agroalimentaria «merecen y necesitan».
Por otro lado, ha registrado una propuesta de resolución mediante la que exige incentivar «de manera decidida», a través de los fondos de cooperación local u otros que fueran pertinentes, a la fusión de municipios y a la constitución de mancomunidades de interés general «a fin de acabar con las limitaciones del minifundismo municipal».
«FALTA GRAVE» LA «PRESIÓN» A MEDIOS
Por último, Igea ha presentado una propuesta de resolución a través de la que pide establecer como «falta muy grave» en el código ético de los altos cargos «las llamadas o mensajes de cualquier tipo a periodistas, editores o accionistas de medios de comunicación que puedan suponer una presión ilegítima destinada a orientar las informaciones de dichos medios».
«La existencia de denuncia no podrá suponer en ningún caso alteración alguna de las cantidades asignadas ni alteración los criterios de reparto de la publicidad institucional», señala el documento firmado por el procurador, en el que se exige que dicha acción «conlleve la separación del cargo en el que estuviera el responsable de dicha acción».
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