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Junts y Madaula llegan a un acuerdo para no ir a juicio y se comprometen a revisar el protocolo interno de prevención del acoso

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BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

Junts y la exsecretaria segunda de la Mesa del Parlament y exdiputada de Junts Aurora Madaula han logrado un acuerdo por el que evitan ir a juicio y el partido se compromete a revisar su protocolo interno de prevención del acoso.

Así lo han explicado en un comunicado conjunto este lunes sobre un caso que se remonta a noviembre del año pasado cuando, en el ‘Parlament de les Dones’, afirmó que había sufrido ‘violencias silenciosas’ de compañeros, lo que provocó un malestar generalizado entre miembros de su entonces grupo parlamentario.

La entonces presidenta del Parlament, Anna Erra, se reunió con ella y le instó a reflexionar sobre su continuidad en el cargo de la Mesa, y 22 de los 32 diputados de Junts firmaron un texto en su contra que presentaron a la Comisión de Garantías, que también recibió la queja que presentó la propia afectada.

Ahora la formación y la exdiputada, que estuvo de baja durante unos meses, han acordado revisar el protocolo interno de prevención del acoso y garantizar, en el plazo de dos años, una formación continuada de los asociados en esta materia, siendo «prioritaria» entre los que tengan cargos orgánicos y representativos.

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Ambos consideran «imprescindible» abordar ese debate para ponerse al frente de cuestiones como el reconocimiento de la plena igualad y la prevención de conductas que puedan encajar o ser percibidas como acoso o violencia machista.

«ERRADICAR» ESTAS CONDUCTAS

Y es que, añaden, que en el debate social y político se produzcan conductas que pueden encajar en un acoso por razón de sexo o de género evidencia que queda camino por recorrer: «Son conductas que tenemos que hacer lo posible para erradicar. Conductas que, con voluntad o sin, menosprecian y hieren a personas de manera injusta y que no contribuyen en nada a las instituciones, a los partidos ni a la sociedad en general».

El partido y Madaula opinan que las instituciones públicas, los partidos y una parte de la sociedad no han asumido todo lo necesario al respecto, por lo que concluyen que «aún se está lejos de alcanzar los objetivos que, en este campo, son del todo imprescindibles».


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