Recuerda que las terapias de conversión «ya están prohibidas» en Madrid y cree que el Ejecutivo «miente» al igualarlas al acompañamiento
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, cree que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra de Igualdad, Ana Redondo, les importa «más la propaganda que cuidar a los niños y sus familias», tras aprobar en Consejo de Ministros el recurso al Tribunal Constitucional contra las leyes Trans y LGTBi autonómicas.
Dávila ha defendido la postura del Gobierno autonómico de «proteger a los menores» que persigue con estas normas que el Gobierno recurrirá por inconstitucionales y cree que este anuncio demuestra que el Ejecutivo central «no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo».
Así lo señaló a los medios poco después de conocerse que el recurso que el Gobierno de España presentará ante el Tribunal Constitucional contra estas normas autonómicas. Posteriormente, la consejera ha incidido en declaraciones facilitadas a la prensa que «a Pedro Sánchez y a su ministra de Igualdad les importa más la propaganda que cuidar a los niños y a sus familias».
La decisión del Gobierno se ha adoptado tras haber explorado la vía de la negociación a través de la Comisión Bilateral entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, aunque Ana Redondo ha afirmado que «no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid».
«El Gobierno de España acaba de demostrar hoy mismo que no tenía ninguna intención de llegar a ningún acuerdo», ha respondido Ana Dávila sobre ese plazo para tratar de llegar a un entendimiento que evitara la vía judicial ya iniciada por el Defensor del Pueblo con otro recurso.
Más tarde, la consejera ha subrayado que el Ejecutivo central «miente» al decir que «el acompañamiento de los profesionales es una terapia de conversión», algo que «ya está prohibido en la Comunidad de Madrid», ha recordado. «Referirse en esos términos a la ayuda profesional en esa transición es un insulto a los médicos y a los psicólogos», ha incidido para subrayar que «ésa es la misma postura de las familias que han pasado por este proceso», así como «de las sociedades médicas, de los profesionales de la pediatría, de la endocrinología y de la salud mental infanto-juvenil, entre otros».
Por último, ha sentenciado que la Comunidad de Madrid «siempre trabajará para proteger a los menores y para que primen los criterios profesionales y la ciencia por encima de la ideología».
Para Redondo, la normativa de la Comunidad es «regresiva» y «limita y vulnera» los derechos que están reconocidos en la legislación estatal, por lo que se presentan estos recursos que no impugnan todas las previsiones, ha matizado, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.
Así, el Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.
LA COMUNIDAD REMARCA LA IMPORTANCIA DE «PROTEGER A LOS MENORES»
Tras conocerse esta decisión del Consejo de Ministros, la consejera madrileña remarcó en sus primeras declaraciones que la Comunidad continuará defendiendo que hay que «proteger a los menores» y que éstos tienen «derecho a una atención sanitaria física y mental adecuada». «Desde luego esa es la postura que vamos a seguir manteniendo», ha sostenido.
Para Ana Dávila, la normativa que el Ejecutivo central recurrirá ha perseguido siempre «proteger a los menores de una situación, de unos tratamientos que son irreversibles» y «acompañarlos en un proceso» en el que según la consejera, la propia ministra de Igualdad, Ana Dávila, reconoció en la reunión que mantuvieron «que existía mucho sufrimiento en las familias y en cada persona que se somete a un proceso de transición».
«Hemos escuchado a las sociedades científicas, a las sociedades médicas, a las propias familias, a los profesionales de la salud mental, de la endocrinología, de la pediatría, de la salud mental, infanto-juvenil», ha abundado la titular de Asuntos Sociales, que había solicitado «una nueva reunión» con Redondo que no recibió respuesta, ha aclarado.
Así, ha sentenciado que la posición del Ejecutivo estatal es «una vez más atacar a Madrid, no tener ninguna intención de negociar» y «ninguna intención de proteger a las personas vulnerables».
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