FUENLABRADA, 11 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha acordado este martes la reprobación de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, por su gestión «sin diálogo» en el proyecto de centro de menores extranjeros no acompañados en La Cantueña, cuyas obras llegó a paralizar el Consistorio al entender que se infringía el acuerdo de cesión del espacio y que se reanudaron tras las medidas cautelaradas establecidas por el juez a petición de la Administración regional.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Paloma, ha sigo el encargado de presentar la moción en la que se proponía la reprobación de la consejera por «su gestión cerrada al diálogo» y por su «prepotencia» a la hora de «imponer» el centro de menores en el municipio. Al tiempo ha instado a la Comunidad de Madrid a rectificar el proyecto y a abrir un «diálogo con todos los municipios de la región».
«Reprobamos a la consejera porque ha hecho lo más feo que se puede hacer en política: no sentarse a explicar. No merece estar gestionando servicios públicos», ha añadido, por su parte, el alcalde, el también socialista Javier Ayala, durante su intervención en el debate.
«DE JUZGADO DE GUARDIA»
Ayala ha calificado de «juzgado de Guardia» que se construya el centro de menores en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y ha recordado que el reparto «tiene que ser justo y equitativo». «Lo que no vale es a Fuenlabrada 450. No lo vamos a permitir», ha manifestado.
Además, el regidor ha afeado a Ana Dávila que este lunes no se acercase «a explicar al alcalde» los plazos del proyecto y se personase junto al consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en las instalaciones de La Cantueña para retomar las obras.
Mientras, la portavoz del PP, Noelia Núñez, ha defendido la integridad de la consejera al afirmar que «es una excelente profesional» y que «ha actuado conforme a la Ley».
Tras ello, la ‘popular’ ha acusado a Javier Ayala de ser el «alcalde más xenófobo en la historia de la ciudad». «Ha hecho un ridículo evidente estos días y ha rozado la prevaricación utilizando a la Policía local para ir contra la Comunidad de Madrid», ha precisado, en clara alusión al decreto que paralizó las obras del centro.
Mientras, Francisco Paloma, ha justificado la reprobación de la consejera por su «prepotencia de esta señora y su desprecio» a la «autonomía municipal». En este punto, la ha acusado de echar «gasolina al fuego hasta el insulto», con «un ‘trágala’ a los vecinos por puro sectarismo».
«Nos ha implantado un macrocentro que incumple las recomendaciones de Europa y de la Comunidad. Desde los tribunales nos defenderemos, denunciando que ese macrocentro solo sirve para estigmatizar y criminalizar», ha agregado.
RECHAZO AL CENTRO EN EL PLENO DE MAYO
En el Pleno del pasado mes de mayo se expresó el rechazo a la creación de este macrocentro en el Centro de Difusión Ambiental de La Cantueña y se propuso la apertura de un proceso de diálogo y concertación entre la Comunidad de Madrid, la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para «buscar una solución conjunta e implantar programas de acogida e integración social de menores en todos los municipios de la región madrileña».
Pese a la negativa del Consistorio a la ubicación de este centro en La Cantueña, la Comunidad de Madrid ha defendido que el proyecto cumple con el convenio de cesión y se amparó en la Ley del Suelo autonómica para iniciar las obras.
Tras el decreto municipal que impedía las mismas, el Gobierno regional solicitó al Juzgado Contencioso Administrativo número 24 de Madrid la suspensión de este decreto de forma cautelarísima, algo a lo que accedió la Justicia en tanto se pronuncia de forma definitiva sobre el caso. No obstante, el Consistorio llegó a precintar las obras hasta recibir formalmente el auto judicial.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid ha vuelto a activar las obras del centro de menores, que tendrá una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase y estará operativo en el segundo semestre de este año, una vez concluya la reforma.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, visitaron este lunes el futuro centro, que constará de 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.
El edificio, que contará con una inversión de casi 7 millones de euros, dispondrá de distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.
El Ejecutivo autonómico ha alertado desde el pasado mes de octubre, en distintas reuniones técnicas y a través de distintas vías, de la llegada descontrolada de inmigrantes a la región debido a la crisis migratoria que vive España por la mala gestión del Gobierno central, lo que está provocando que los recursos regionales de acogimiento residencial destinados a la protección a los menores tutelados se vean tensionados.
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