VALÈNCIA, 3 (EUROPA PRESS)
Cinco personas –cuatro exresponsables del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (Aido) y un empresario– se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados por el conocido como caso Aido, relativo a una presunta estafa de 150.000 euros en subvenciones.
Estas cinco personas se enfrentan a una pena de un año y 10 meses de prisión y de cuatro años de inhabilitación, tal y como solicita provisionalmente el ministerio fiscal, por un delito de estafa y otro delito continuado de falsedad documental, además del pago de una multa de 9.600 euros.
La vista ha arrancado en la Audiencia con las cuestiones previas, en las que las defensas han aludido a una «clara» vulneración del derecho de defensa por no disponer de toda la documentación de la causa, mientras que las acusaciones «sí la han tenido», han asegurado varios letrados. Por ello han pedido la nulidad.
Por otro lado, los letrados han aludido a que se ha vulnerado el principio acusatorio puesto que, inicialmente, la causa se seguía por un delito de fraude de subvenciones y, finalmente, se ha tramitado por estafa.
Las acusaciones –ministerio fiscal y acusación particular– se han opuesto a las nulidades y el tribunal, tras estudiarlas, ha decidido no tenerlas en cuenta y continuar con el juicio. A lo que sí ha accedido es a que los acusados declaren al final de la vista, que seguirá mañana.
Según se desprende del escrito fiscal, los acusados supuestamente urdieron una trama para lucrarse con la recepción de fondos públicos del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) destinados a cursos de reinserción laboral y financiados por la Unión Europea en Aido, una entidad privada sin ánimo de lucro con sede en la ciudad de Paterna que fue creada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) en 1983.
Los hechos ocurrieron entre los años 2009 y 2014 y consistieron en la falsificación de facturas a través de otro instituto por alquiler de equipos u otros servicios que no se prestaban en realidad.
De este modo, se justificaban, de forma indebida, las subvenciones recibidas, según sostiene el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales, que cifra el fraude en casi 150.000 euros y solicita por ello una indemnización para el Servef por dicha cuantía.
Los acusados en esta causa son un exdirector y un exsubdirector de Aido, el que fuera responsable del área de formación de la entidad, el entonces jefe del departamento de control y justificación de la misma y un empresario.
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