ALICANTE, 1 (EUROPA PRESS)
El Sindicat de Barri de Carolines se movilizará el próximo miércoles 3 de julio para intentar impedir el desahucio de un matrimonio y su hijo de seis años con alto grado de discapacidad, que no tienen alternativa habitacional.
La organización vecinal ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda el 3 de julio a las 10.00 horas a las puertas del inmueble, en la calle Pasaje Artesanía número 4 de Alicante, según ha indicado en un comunicado.
El Sindicat ha señalado que la mujer posee informe de vulnerabilidad actualizado y «no recibe ningún tipo de ayudas, ya que están solicitadas pero aún no ha podido percibirlas», y ha lamentado que esta situación «no ha sido suficiente para poderse acoger al Real Decreto-ley 8/2023, demostrando una vez más su nula protección».
Asimismo, ha apuntado que su hijo de seis años padece «una grave enfermedad sobrevenida, llamada parálisis cerebral infantil con epilepsia, que le mantiene lastrado a una silla de ruedas y le hace necesario asistir al Centro de Educación Especial Santo Ángel de la Guarda, de Alicante».
En el auto de hace dos meses, el juez desestimó la suspensión del lanzamiento, aludiendo a que es un procedimiento entre personas físicas y que el juzgado «no puede caer en el error de suplantar la labor de protección del Estado». El juez instaba a los servicios sociales a adoptar «medidas efectivas» y a las autoridades legislativas a revisar la norma del RD 8/2023, ya que «se dictó para dar una solución temporal en un contexto determinado y se está consolidando en el tiempo».
El Sindicat ha señalado que los servicios sociales ofrecieron una vivienda adaptada en Orihuela Costa que finalmente la familia ha aceptado, pero los trámites para su habilitación «no han llegado a tiempo de evitar que la familia se quede en la calle, igual que en el caso de la anciana de 77 años desahuciada hace unos días en Alicante».
La organización vecinal ha indicado que este caso es entre dos particulares, «pero a diferencia de la parte arrendadora, la parte arrendataria posee seis viviendas a su nombre, por lo que no las necesita para vivir». «Nunca podemos ponerla en el mismo lugar que la familia afectada», ha sostenido.
«No es solo un problema de bancos y fondos buitres, son nuestros propios vecinos los que han normalizado el discurso de la vivienda como negocio y ponen el máximo beneficio por encima de los derechos humanos. Una vez más, rechazamos de manera frontal la visión de la vivienda como un bien de mercado y de la especulación como un negocio legítimo», ha aseverado.
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