MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón Tosio, ha manifestado que garantizar la autonomía de los pacientes con discapacidad es «una deuda pendiente» en el sistema sanitario.
Lo ha hecho durante el primer bloque del seminario ‘La revisión de la regulación de la autonomía del paciente a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad’ organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) este viernes.
La inauguración de esta jornada ha corrido a cargo del propio Pedro Gullón Tosio; así como del presidente del CERMI y de la FDyD, Luis Cayo Pérez Bueno, y el director general de derechos de las personas con discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco.
«El objetivo del seminario es examinar con las mejores mentes cómo o cuán inclusiva es nuestra legislación sanitaria en cuanto a la autonomía del paciente y qué apoyos se proporcionan a las personas con discapacidad para que sean verdaderamente autónomas en sus decisiones de salud,», ha señalado Cayo, quien ha añadido que «la legislación sanitaria aún no ha asumido la dimensión inclusiva de la Convención, y debe cambiarse para que lo haga».
Por su parte, Jesús Martín Blanco, ha expresado: «Nuestra realidad vital no es normativa y eso requiere del sistema de actuaciones que nos comprendan y nos acepten como somos con respuestas que contengan todas las garantías».
Asimismo, ha manifestado su convicción en que desde la administración pública sabrán «reparar las anomalías en el ejercicio del derecho humano para la salud» y que «para eso se necesitan espacios como este». Además, ha apelado a la premisa de que para que exista una autonomía del paciente real, e necesaria «la accesibilidad universal, porque las barreras y discriminaciones sí tienen cura».
Así, Gullón ha reforzado esta idea y ha añadido que «la pérdida de autonomía tiene efectos directos en salud porque está vinculada con una ‘no capacidad’ de toma de decisiones que es en donde operan las desigualdades en materia de salud. Esa pérdida de poder provoca unos riesgos psicosociales que afectan a la salud de las personas con discapacidad».
La ponencia marco ha sido impartida por la catedrática de derecho civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Carmen González Carrasco quien ha resaltado la necesaria adecuación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y demás legislación sanitaria conexa a la nueva legislación sobre apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
En este sentido, la ponente ha reivindicado la importancia de adaptar y resolver las incoherencias entre la legislación que afecta a la autonomía del paciente y demás normativa sanitaria, como la reguladora de trasplantes, ensayos clínicos o la eutanasia, a la nueva legislación que regula el apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y a la Convención.
De igual manera, ha destacado la importancia de las figuras de apoyo para las personas con discapacidad, afirmando que «el consentimiento informado es un derecho fundamental que atañe a la persona que no lo puede expresar y no a sus apoyos», es decir, las figuras de apoyo no deben ir en contra de la voluntad del paciente con discapacidad salvo que se trate de un riesgo para su vida, decisión que finalmente tomará el juez.
A continuación, el catedrático de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y Patrono de la FDyD, Rafael de Asís, ha analizado en una ponencia la autonomía del paciente, libertad personal y salud mental.
En este caso, ha puesto de relieve la contradicción de los internamientos y los tratamientos forzosos con la Convención. En concreto, ha expuesto que «el tratamiento de la discapacidad y las cuestiones que tiene que ver con la autonomía del paciente y la salud metal, deben hacerse desde un enfoque de derechos humanos el cual nos obliga a tener en cuenta la Convención» y, por consiguiente, a abandonar la cultura institucional en materia de internamientos.
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