La ley de la nueva autoridad para investigar accidentes de transporte supera la fase de comisión en el Congreso, con el PP en contra
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El PSOE y Sumar, los partidos del Gobierno de coalición, han pactado con Esquerra Republicana (ERC) aumentar a 880,6 millones de euros el límite de deuda de Renfe Operadora para este año, una medida que se ha introducido vía nemienda a la ley que crea la nueva autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
Y precisamente ese cambio legal, al que ha tenido acceso Europa Press, ha provocado que el PP haya acabado votando en contra de la norma en la Comisión de Transportes, aunque no ha evitado su aprobación con los votos de PSOE, Sumar, BNG, Bildu, ERC y PNV, y la abstención de Vox y Junts. La ley se elevará ahora al Pleno para su aprobación en la Cámara Baja y su remisión al Senado.
«FiNANCIACIÓN UNILATERAL PARA CATALUÑA»
El aumento del límite de endeudamiento de Renfe se suele fijar en los Presupuestos Generales del Estado, pero este año no se han podido aprobar y el PP sospecha de que el pacto con ERC esconde una medida de financiación unilateral para Cataluña.
«Bajo ningún concepto podemos dar el voto afirmativo al texto legal que incluya esa enmienda», ha aseverado el portavoz del PP en la comisión este miércoles, Celso Delgado, que ha dudado de la legalidad de la reforma de los socios de Gobierno.
Asimismo, Delgado ha reprochado que esta reforma legal tiene que ver con la «financiación unilateral» que quiere Cataluña. «Nosotros creemos que esto no es una manera de hacer las cosas», ha protestado durante su intervención.
Ese aumento del límite de deuda de Renfe se incluye dentro de una enmienda para dar a Adif Alta-Velocidad 558 millones de euros adicionales de límite de deuda. En el caso de Adif, los recursos sólo se pueden destinar a deudas a largo plazo, pero en Renfe el dinero sirve para deudas a corto y largo plazo.
CONSENSO ENTRE LOS SOCIOS
En lo que respecta al resto de intervenciones, los grupos han mostrado un tono de consenso en torno al texto. El primero en intervenir ha sido el diputado del BNG y portavoz del Grupo Mixto en la comisión, Néstor Rego, quien ha aseverado que «era necesario crear un organismo realmente independiente que pudiese investigar todos los accidentes de los diferentes modos de transporte».
En el turno de Junts, Isidre Gavín ha señalado que la ley tiene que servir para que las investigaciones de accidentes no se alarguen «eternamente» ante la falta de conclusiones claras. De su lado, Inés Granollers, de ERC, cree que con la nueva autoridad se tendrá que aportar una mayor transparencia en caso de accidente.
Por parte de Sumar, Félix Alonso ha felicitado a toda la comisión por el trabajo realizado sobre el proyecto de ley y por el «buen talante» mostrado en la tramitación del texto; mientras que el portavoz del PSOE, Álvaro Morales, ha destacado la necesidad de esta autoridad en casos como el accidente del vuelo 5022 de Spanair en 2008.
UNA AUTORIDAD PARA INVESTIGARLOS A TODOS
Se trata de la segunda vez que se intenta tramitar la norma, pues la ley nació en la legislatura pasada pero quedó bloqueada por el adelanto electoral de julio y la posterior disolución de las Cortes.
La nueva entidad aunará las funciones de las tres comisiones que en este momento existen para la investigación de accidentes e incidentes adscritas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que son la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
El texto salido de la comisión incluye una disposición adicional quinta para respetar las competencias autonómicas, de modo que la autoridad atenderá la solicitud de investigación que le formule la comunidad autónoma competente, para después establecer un mecanismo permanente de enlace, notificación y coordinación entre la entidad y la autonomía.
La Autoridad estará formada por un consejo compuesto por seis consejeros, a los que corresponderá la aprobación de los informes finales de investigación, y estará formado por un presidente y seis consejeros. La persona que ostente la presidencia tendrá rango de subsecretario y los consejeros y consejeras tendrán la condición de alto cargo de la Administración General del Estado.
Los miembros del consejo serán nombrados por real decreto, a propuesta del ministro de Transportes, entre profesionales de acreditada cualificación profesional en el ámbito de actuación de la Autoridad. Así, dos de los consejeros deben ser expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos en el ferroviario.
La financiación de la entidad será independiente, aunque en principio el Ministerio le asignará un presupuesto, con la posterior recaudación de las tasas ya existentes, en el caso del medio aéreo con la tasa de seguridad aérea, en el ferroviario con la financiación de actividades en materia de seguridad y el marítimo con la tasa de ayudas a la navegación.
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