MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, defendió este jueves en el Consejo de Empleo y Política Social (Epsco) en Luxemburgo una nueva directiva europea sobre los comités de empresa que defina de forma más clara su ámbito de actuación, garantice mejor un funcionamiento más eficaz y otorgue las suficientes garantías para los representantes de las personas trabajadoras.
La nueva propuesta de directiva, que ya ha sido adoptada por la Comisión tras ser consultada a los interlocutores sociales, supone “un paso adelante en la mejora de los derechos de información y consulta de los comités de empresa europeos y, con ellos, de una mayor democracia en el trabajo”, aseguró Merino ante el pleno.
Además, señaló que este ejercicio se cumplen 30 años de la aprobación de la primera directiva sobre los comités de empresa europeos, una normativa que, a su juicio, ya precisa de una modernización.
En la actualidad, solo existe un millar de comités de empresa europeos, es decir, una tercera parte de las empresas que podrían tenerlo en la Unión Europea.
Ante las transformaciones que afronta el mundo laboral, tanto desde el punto de vista tecnológico como medioambiental, se precisa actualizar la normativa y hacerla más efectiva. En este sentido, la secretaria de Estado avaló la propuesta de que la nueva directiva sea más explícita en materia de sanciones en caso de incumplimientos de sus obligaciones, que se mejoren los medios y la financiación para su funcionamiento y que se supriman las exenciones existentes en la actual normativa que han impedido la proliferación de estos comités transnacionales en toda la UE.
Asimismo, pidió que la nueva directiva, que este jueves recibió el visto bueno del Consejo de la UE para comenzar con la negociación de trílogos con el Parlamento Europeo y la Comisión en la próxima presidencia húngara (a partir de julio), constituye un primer paso para reforzar los derechos de información y consulta de las personas trabajadoras, así como su implicación en la toma de decisiones por las empresas.
En el Epsco también se trató la propuesta de directiva sobre las prácticas laborales, una iniciativa que el Ministerio de Trabajo apoya, ya que tiene por objetivo mejorar la calidad de las prácticas y las condiciones laborales a través de su adecuada regulación.
“Las prácticas no deben ser sinónimo de precariedad ni encubrir abusos ni situaciones fraudulentas”, declaró Merino, quien ha explicó además, que en España la reforma laboral aprobada en 2021 ya reguló los contratos laborales con finalidad formativa con el objetivo de mejorar la formación que la persona trabajadora recibe, así como garantizando sus derechos. Asimismo, destacó que se van a regular las prácticas no laborales para garantizar los derechos de las personas que las realizan.
Por último, Merino indicó que la directiva debe perfilar mejor su ámbito de aplicación para evitar que las personas en prácticas “pasen a ser una tercera categoría de personas trabajadoras y evitar situaciones irregulares en todo tipo de prácticas, en consonancia con políticas que se impulsan también desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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