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Feministas solicitan a Igualdad que presente denuncias por malversación contra las instituciones que no utilizan adecuadamente los recursos destinados a combatir la violencia machista

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MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La organización feminista Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha enviado una nueva carta al Ministerio de Igualdad documentando 119 casos de mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte de instituciones públicas y le pide a la ministra, Ana Redondo, que las denuncie por malversación de caudales públicos.

En este último listado, las feministas documentan actividades de ayuntamientos de todo el territorio y con gobiernos de diferente signo político, «que están destinando durante el mes de junio los recursos contra la violencia machista a marchas, concentraciones y festivales LGTB, o a debates transgeneristas (unidireccionales) que cuestionan la desigualdad basada en la pertenencia al sexo femenino y sus consecuencias para las políticas públicas que la combaten», afirman en un comunicado.

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se pregunta si «las anunciadas instrucciones ministeriales» en este sentido «han sido cursadas y consideran además “gravísimo” que, de haberse trasmitido, se ignoren y desprecien continuando con las prácticas malversadoras.

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Es labor de la Delegación del Gobierno especializada en la materia la aprobación del catálogo de acciones finalistas susceptibles de ser financiadas y su posterior fiscalización para garantizar que sean destinadas a sensibilizar a la sociedad, prevenir los comportamientos sexistas que alientan la violencia machista y apoyar a las víctimas en sus procesos para salir de la violencia aseveran las feministas.

Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, el mal uso de los fondos se enmarca en la definición legal de malversación de caudales públicos y señala a la ministra de Igualdad “que es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado”.


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