MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Movimiento contra la Intolerancia asistirá jurídicamente a la familia del menor marroquí Iliass Tahiri, fallecido en un centro de internamiento de Almería en 2019 y en cuyo juicio ejercerá la acusación particular.
Así lo precisó este martes en un comunicado en el que recordó que los hechos sucedieron sobre las 15.00 horas del 1 de julio de 2019 en el Centro de Internamiento de Menores ‘Tierra de Oria’ (Almería,) gestionado por la entidad Ginso, contratada por la Junta de Andalucía con este objetivo.
Iliass Tahiri era un joven de origen marroquí de 18 años «fallecido durante el transcurso de una acción de los vigilantes de seguridad”, sentenció Movimiento contra la Intolerancia.
Junto a ello, explicó que, conforme al relato de su letrado, Ángel Gómez San José, que dirige la acusación particular de la familia del fallecido, los acusados, vigilantes de la empresa de seguridad de la empresa que estaba contratada para esa labor por la entidad Ginso, “inmovilizaron a Iliass sin que se pueda acreditar previamente una especial situación de tensión por parte del fallecido”, al que se le administró una ingesta de medicación “a deshora y sin nada que ver con su tratamiento que pudiere tener efectos secundarios, procediendo a efectuar una inmovilización esposado”.
En paralelo, Gómez San José relata que, “sin hablar con Iliass, sin tratar de calmarlo”, procedieron a una “inmovilización violenta”, falleciendo el joven “pocos minutos después» tras aplicarle una medida de contención mecánica «prolongada» y, a su juicio, «vulnerando todos los protocolos al respecto y colocando peligrosamente a Iliass boca abajo, con la cara en la almohada, a sabiendas de los riesgos de su actuación”.
“No hubo médico presente y, durante la prolongada y peligrosa maniobra, se llegó a taponar las vías respiratorias, sin que los acusados velaran porque la respiración del menor y la falta de cuidado en la acción peligrosa pudiera provocar la muerte de Iliass”, apostilló.
En sus conclusiones provisionales, el letrado de la acusación sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia, siendo responsables los cuatro acusados, vigilantes y coordinador de seguridad, en concepto de autores y solicita cuatro años de prisión, con medidas accesorias de inhabilitación especial para la profesión, entre otras.
Poco tiempo tras su muerte, la familia de Iliass se desplazó a Madrid para pedir apoyo y entró en contacto con Movimiento contra la Intolerancia y su presidente, Esteban Ibarra, para organizar “diversas acciones de solidaridad con la víctima”, entre ellas la reivindicación de llevar a término este juicio.
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