MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Amnistía Internacional, Greenpeace, Defender a quien Defiende, Futuro Vegetal, Novact, Irídia, Extiction Rebellion, No Somos Delito y Rebelión Científica han denunciado que «protestar no es terrorismo» en el noveno aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y la doble reforma del Código Penal.
En un manifiesto conjunto publicado este lunes 1 de julio, las organizaciones han denunciado que estas normas «han aumentado las herramientas de censura, obstaculización y control de la sociedad civil a través de la vía penal y administrativa y han enquistado la impunidad de la violencia policial». En especial, ponen el foco en cómo movimientos sociales y políticos han sido acusados «falsalemente» de terrorismo u organización criminal», lo que a su juicio contribuye a «una deriva que no es compatible con un estado de derecho democrático ni con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos».
Según critican, estas acusaciones «no son ni nuevas ni constituyen un caso aislado, sino que forman parte de una tendencia que va en aumento» y que permite que «el mal uso del término ‘terrorismo’ se haya banalizado y se haya convertido en una herramienta punitivista y ejemplarizante contra la movilización social masiva, para prevenirla y silenciarla. En este sentido, han subrayado que el caso «más grave» es el de la investigación abierta en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por terrorismo contra Tsunami Democràtic.
En este marco, las organizaciones recuerdan que el Congreso debe «aprovechar» la actual tramitación de la reforma del Código Penal para garantizar que sólo son tipificados como delitos de terrorismo los que se adecúen a la definición proporcionada la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo del 28 de diciembre de 2005 y en otro de la misma Relatoría sobre España de 16 diciembre de 2008.
Es decir, que tengan intencionalidad de causar muerte, heridos graves o tomar rehenes; propósito de atemorizar o intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; y cometer delitos definidos en convenciones y protocolos internacionales (o que contenga todos los elementos necesarios para constituir un delito grave según se define en la ley), algo que según las organizaciones firmantes no ocurre en las actividades realizadas por Tsunami Democràtic. En el manifiesto, señalan que el número de casos aumenta y, actualmente, se investiga a más de cincuenta personas acusadas de terrorismo, organización o grupo criminal.
«Investigar por terrorismo u organización criminal a un movimiento social o político con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política, es una actuación que restringe el espacio de la sociedad civil, que no respeta los derechos humanos y pone en peligro los principios democráticos y del estado de derecho», han concluido las organizaciones.
Con el lanzamiento público de este manifiesto, acompañado de una campaña en redes sociales, las nueve organizaciones presentan la alianza entre entidades y plataformas para denunciar «la escalada de la criminalización» de movimientos sociales y políticos, algo que continuarán haciendo en los próximos meses.
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