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El Partido Popular presiona al Gobierno para implementar más medidas que reduzcan los accidentes de tráfico, ya que se han estabilizado las cifras de fallecidos en carretera

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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular ha reclamado al Ejecutivo que apruebe un paquete de medidas “más eficiente y eficaz contra las conductas viarias más peligrosas” con el objetivo de reducir la cifra de muertes en carreteras, que no se están reduciendo drásticamente como se planteó en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, el marco nacional de referencia en esta materia.

Así se recoge en una proposición no de ley presentada por los populares, que buscan aunar el apoyo de otros grupos para que el Congreso inste al Gobierno de Pedro Sánchez a “revisar y actualizar de modo inmediato esta estrategia con la participación de todos los agentes que participaron en el diseño de la misma”.

El texto, además, exige presentar la evaluación del cumplimiento de la Estrategia en relación con el bienio 2022-2023 y elaborar, “a la mayor brevedad posible”, un nuevo plan de actuaciones de Seguridad Vial para 2024-2025.

El PP denuncia que en 2023 fallecieron 1.145 personas en las carreteras españolas, una cifra idéntica a la de 2022. El principal partido de la oposición considera que esta tendencia revela que “los objetivos que perseguía la DGT en cuanto a reducción drástica de los siniestros mortales no se ha producido”. Sobre todo porque la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 se comprometía a unos objetivos de reducción en un 50% del número de víctimas mortales y de lesionados graves por siniestros viales en nuestro país.

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“Los datos que se conocen distan mucho de alcanzar tales propósitos”, lamentan los populares, que apuntan que, en el primer trimestre del año 2024, ya han fallecido en vías interurbanas 261 personas, 31 personas más que en el mismo periodo del año anterior, un dato que supone un incremento de un 16% en unas estadísticas en las que la variación normal de la siniestralidad vial oscila aproximadamente en un 5%. En cuanto a personas heridas hospitalizadas durante este periodo como consecuencia de los siniestros el número asciende a 908 personas.

NO HAY CORRELACIÓN ENTRE MULTAS Y SINIESTROS

En este contexto, el Ministerio del Interior, a través de la DGT, ha anunciado nueve medidas como reacción al repunte en el número de víctimas de accidentes de tráfico. No obstante, desde el PP lamenta que, al menos públicamente, no se conoce la evaluación de las posibles causas y no se ha anticipado cual podría ser el impacto de estas nuevas medidas que se centran de modo principal en acciones de vigilancia, control y represión, pero no en el ámbito de la formación, información o concienciación.

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“Parece lógico que el Gobierno no sólo debe poner en marcha más medidas restrictivas y de control o de amenaza a la libertad de comportamiento de los conductores, sino que se debe hacer un análisis exhaustivo de aquello que sí ha funcionado en la anterior Estrategia de Seguridad Vial 2011-2021 y qué no está funcionando en la actual Estrategia 2030 para que, mediante una actualización de esta, pueda identificar el paquete de medidas más eficiente y eficaz contra las conductas viarias más peligrosas”, defiende el PP en su iniciativa legislativa.

En esta línea, recuerda que los datos oficiales demuestran que la evolución de los ingresos totales por sanciones de tráfico va en aumento todos los años. “Y, sin embargo, no hay correlación con los datos de siniestralidad”, añade el escrito, que remarca que “sorprende que, con una mayor recaudación para el erario, las infraestructuras para el transporte en carretera sean cada vez más deficientes”.

El PP pide tener en cuenta “todas estas cifras y consideraciones” a la hora de revisar los objetivos del decenio en materia de seguridad vial, y aprobar un nuevo plan con “un análisis profundo de las causas y el impacto en cuanto a los datos de siniestralidad”.

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Asimismo, “para implementar correcta y eficazmente las medidas”, aboga por dedicar “más esfuerzos a la gobernanza de la seguridad vial y contar con el conocimiento de los sectores implicados, de la sociedad civil y si cabe, valorar los resultados de las estrategias de otros países vecinos europeos que puedan ser relevantes”.


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