MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sacado a consulta pública el anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita, con el objeto de recabar las iniciativas y opiniones de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo deseen, sobre esta norma que sustituirá la legislación vigente en la materia.
La prestación de la asistencia jurídica gratuita, un derecho recogido en el artículo 119 de la Constitución, está regulada en la Ley 1/1996, de 10 de enero, que establece un servicio público de asistencia letrada, defensa y representación gratuita organizada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y por las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia, contando con la participación de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Procuradores de los Tribunales de España.
En la actualidad, según el último informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (Cepej), que evalúa los sistemas judiciales europeos, España es el país que cuenta con más casos de asistencia jurídica por cada 100.000 habitantes, con una cifra de 3.379 actuaciones, muy por encima de la media de 734.
El futuro anteproyecto de ley de Justicia Pública Gratuita tiene como objetivo adaptar la regulación de este servicio público, que tiene más de veinticinco años, para adecuarla a las necesidades actuales. Se trata de atender las demandas que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años y, en particular, las propuestas del Defensor del Pueblo.
Esta adaptación es especialmente necesaria en cuestiones relativas a la insuficiencia de recursos para litigar; el ámbito personal de aplicación; los efectos de reconocimiento del derecho; los requisitos para tener derecho a esta prestación; o la organización de los servicios de asistencia jurídica especializada y turnos de oficio.
La consulta pública tiene como objetivo la participación de los ciudadanos en el procedimiento de la elaboración de normas. Se establece, con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley, con el fin de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas, que pudieran ser afectadas por la futura norma.
Quienes lo deseen pueden hacer llegar sus opiniones hasta el próximo 17 de julio en el correo electrónico ‘[email protected]’.
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