MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El Jurado del Premio Pelayo se reunió este martes y otorgó el galardón de la XXX edición a Miquel Roca Junyent por «su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española».
Tras sucesivas votaciones, entre las 22 candidaturas presentadas al Premio Pelayo este año, el Jurado en pleno eligió a Miquel Roca Junyent «por su extraordinaria carrera vinculada al mundo de la justicia, desde donde siempre promovió los valores del Estado y puso de relieve el papel de la empresa y las instituciones en nuestra sociedad».
Según el presidente del jurado, Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, la elección de Miquel Roca Junyent en esta trigésima edición «consolida aún más, si cabe, los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de los juristas, como los valores que, desde la Universidad, la sociedad, la empresa, las instituciones judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la comunidad».
La ceremonia de entrega del premio, dotado con 30.000 euros, exentos de impuestos, tendrá lugar el próximo mes de noviembre de 2024 en un acto que contará con la presencia de los miembros del jurado, así como de destacadas personalidades vinculadas con el mundo de la Justicia.
Con el premiado de la presente edición, ya son 30 los juristas de reconocido prestigio galardonados: Fernando Sánchez Calero, catedrático de Derecho Mercantil; Enrique Ruiz Vadillo, magistrado del Tribunal Constitucional; Rafael Martínez Emperador, magistrado del Tribunal Supremo; Eduardo García de Enterría y Martínez Carande, catedrático de Derecho Administrativo; Aurelio Menéndez Menéndez, catedrático de Derecho Mercantil; Manuel Alonso Olea, catedrático del Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Fernando Garrido Falla, magistrado del Tribunal Constitucional; Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, presidente del Tribunal Constitucional; Landelino Lavilla Alsina, consejero permanente de Estado; Manuel Albaladejo García, catedrático de Derecho Civil; Manuel Díez de Velasco, catedrático de Derecho Internacional y consejero electivo del Consejo de Estado; María Emilia Casas Baamonde, presidenta del Tribunal Constitucional; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, letrado mayor del Consejo de Estado; Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, primer Defensor del Pueblo de España, y Juan Antonio Xiol Ríos, presidente de la Sala I del Tribunal Supremo.
También Gregorio Peces-Barba Martínez, catedrático de Filosofía del Derecho; Francisco Rubio Llorente, presidente del Consejo de Estado; Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, consejero electivo de Estado y ex ministro de UCD; Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, consejero permanente y presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado; Manuel Olivencia Ruiz, catedrático emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla; Fernando Ledesma Bartret, magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo; Eduardo Torres-Dulce Lifante, ex fiscal general del Estado; Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, catedrático de Derecho Civil y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Encarnación Roca Trías, vicepresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Civil; Antonio Garrigues Walker, presidente de Honor de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios; Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III; Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales; María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada del Tribunal Constitucional; y Pascual Sala Sánchez, presidente emérito del Tribunal Constitucional.
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